SEGUNDAS PARTES... Y EDUCACIÓN
(Artículo publicado el 21-4-05 en El Mundo y en Granada Hoy)



         


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Miguel González Dengra
Presidente de la Asociación de
Catedráticos de Andalucía - ANCABA





        Dice un antiguo proverbio español que «Nunca segundas partes fueron buenas», si bien, como es de sobra conocido, hay honrosas excepciones, como es el caso de la segunda parte del
Quijote –lo que vendría a demostrar que no siempre el proverbio se cumple-. Ésta es un poco la situación que plantea el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que viene a ser la segunda parte de algo anterior que ya conocemos muy bien los docentes.

        Como es conocido, el pasado día 30 de abril, la ministra de Educación y Ciencia, doña María Jesús San Segundo, presentó a la opinión pública y, por ende, a todos los miembros de la amplia comunidad educativa española el mencionado anteproyecto, que supone una nueva reforma del sistema educativo nacional no universitario –y van tantas que se pierde la cuenta–. En esta nueva ley, el ejecutivo pretende refundir tres de las leyes orgánicas educativas anteriores (la LOGSE del 1990, la LOPEG del 1995 y LOCE de 2002) y reformar parcialmente sus contenidos. Se mantiene, sin embargo, como base de lo que se propugna la LODE de 1985.

Como docente de Secundaria con más de veinte años de experiencia –que ha vivido por tanto los éxitos y los fracasos de las leyes antes citadas–, considero positivo el punto de partida adoptado por el Ministerio, es decir, esta refundición legislativa, si la misma sirve para clarificar la maraña de normas legales educativas existente. Lo que ocurre es que, sin un pacto educativo previo entre todos los sectores implicados, hay que temer que la ley sea un nuevo parche.

No obstante, en tanto en cuanto una gran mayoría del profesorado se ha manifestado a su favor, hay que alegrarse por el hecho de que en este anteproyecto el Ministerio mantenga tímidamente algunos aspectos de la aún vigente Ley de Calidad (LOCE) que remedaban la anterior LOGSE. Me refiero a la posibilidad de repetir curso en la ESO –aunque con no pocas restricciones–, la organización de esta etapa por cursos y no por ciclos, el mantenimiento de cierto tipo de itinerarios desde el tercer curso de la ESO y, sobre todo, del cuarto curso –pese a que se utilice ahora otra denominación-, la selección de los directores de los centros, la prórroga de la jubilación LOGSE, la diversificación curricular, la reducción de asignaturas en los dos primeros cursos de la ESO, la posibilidad no muy concretada de una mayor autonomía de los centros y de un estatuto del profesorado.

Pero no echemos las campanas al vuelo, ya que para muchos docentes también existen decepciones claras ante este nuevo texto legal. Decepciones motivadas porque, una vez más, se olvidan los responsables de la administración educativa de la opinión de la mayor parte del profesorado (si hacemos caso a los resultados de las encuestas realizadas por sindicatos y asociaciones de muy diversa índole en los últimos meses). Un ejemplo claro de esto es la promoción automática encubierta que se vuelve a plantear cuando se permite pasar con tres asignaturas suspensas, que además no se deben recuperar, salvo en 4º de ESO. Esta medida, claramente contraria a los pensamientos de los claustros –bastaría hacer un repaso a la opinión de éstos en Andalucía acerca de la aberración que cometió la Consejería de Educación en el curso pasado poniendo las pruebas extraordinarias en junio–, no servirá ni para estimular el esfuerzo del alumnado (ya de por sí escaso), ni para mejorar y aumentar el nivel de calidad de nuestro sistema educativo (ya de por sí bajo). A no ser que sea eso, precisamente, lo que se pretende.

El anteproyecto, que intenta agradar a diestro y siniestro o a norte y a sur y no profundizar en la concreción de los problemas existentes, deja mucho que desear, en el sentido que no plantea soluciones reales y definitivas a un sistema educativo que hace aguas por muchas partes. Soluciones que, además, necesitan de un amplio consenso entre todos los sectores relacionados con la enseñanza y que no pueden plantearse de espaldas a gran parte de los docentes (los cuales, por cierto, luego son los que tienen que poner en práctica lo que diga la ley). Hubiera sido el momento de que la administración se planteara apoyar medidas educativas que cuentan con el respaldo de una amplia base de la comunidad educativa como son una mayor diversificación para aquellos alumnos que son “objetores escolares” (en Italia se ha aprobado recientemente una ampliación de la enseñanza obligatoria a los 18 años, junto a un sistema de alternancia escuela-trabajo a partir de los 15 años), un Bachillerato de tres cursos –a imagen de lo que ocurre en gran parte de Europa– y una prueba al final de este nivel (llámesele como se quiera: Prueba General o Reválida), también normal en los principales países europeos en los que nos queremos ver reflejados, que serviría de sistema de evaluación y homologación de los conocimientos de todo el alumnado con independencia de su procedencia de la enseñanza pública o de la privada.

En otro orden de temas, la ley no concreta aspectos relacionados con la actividad del profesorado, donde se distingan las funciones docentes de las que no se pueden considerar como tales y, sin embargo, ejercen a diario los profesores. También en este aspecto, la nueva redacción que se propone en relación a los Cuerpos de Catedráticos supone una vuelta a la LOGSE, obviándose, una vez más, una auténtica carrera profesional.

En definitiva, da la sensación de que toda aquella campaña promovida en torno al documento ministerial «Una educación de calidad para todos y entre todos», fruto del cual debe ser este anteproyecto, ha servido, entre otras cosas, para redactar un texto que no es para todos (desde luego no es para una gran parte de los docentes), ni entre todos (ya que ignora la opinión reiterada de una mayoría de los profesionales del sistema educativo español).

            Por todo lo anterior, y para hacer como Cervantes en la segunda parte de su inmortal novela y evitar que se cumpla el proverbio, es necesario que todos los implicados entiendan la necesidad de conseguir una amplio acuerdo que dé lugar a un pacto por la educación coherente, cohesionado y estable.


Miguel González Dengra

Presidente de la Asociación

de Catedráticos de Instituto de Andalucía-ANCABA